

El Fiscal Provincial, Dr. Eduardo Ayestas Montoya, manifestó luego de la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP Talara), que todos los ciudadanos que han sido intervenidos en los más de 40 operativos que ha realizado la Policía Nacional con el apoyo del Serenazgo Municipal serán afrontarán un proceso penal a solicitud del Ministerio Público por infringir las disposiciones restrictivas y sanitarias en este estado de emergencia. La sanción mínima sería de 3 años de pena privativa de la libertad.
Asimismo, el letrado indicó que ya se ha establecido un protocolo de manejo de cadáveres con diagnóstico de COVID-19 antes del deceso o “post mortem”, en el cual el MINSA y la PNP tienen la responsabilidad de manejar la situación, interviniendo el Ministerio Público solo cuando hay sospecha de crimen.